QUIINDY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La Junta Municipal denunció que la intendenta, la colorada Alba Acevedo, fraccionó el costo de obras para realizar contrataciones directas para construcciones, reparación de maquinaria, provisión de mobiliarios para instituciones educativas, insumos para los sectores productivos, entre otros. Mediante el sistema de concesión implementado la jefa comunal eludió la ley de Contrataciones Públicas.
Los concejales que votaron por el rechazo de la ejecución presupuestaria son el colorado Guillermo Lovera, Carmen Peralta (PDP) y los liberales Juan Fleitas, César Domínguez, Deysi Valdez, Carlos Alvarenga y Benigna Maciel. Estuvieron ausentes los colorados Lorena Caballero, Maximiliano Barrios, Cristian Álvarez, Gabriel Cañete y Emiliana Leiva.
La Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, presidida por Guillermo Lovera (ANR), sugirió al plenario rechazar la ejecución presupuestaria por estar viciada de irregularidades. Recomendó además solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) un examen especial de la gestión comunal.
También cuestionan que en el informe no se registran los ingresos por cobro de impuesto al transporte, usufructo de energía eléctrica en el mercado municipal y por uso de máquinas agrícolas.
Mencionan la adjudicación a BH Services SRL, de Andrés Arrúa Brítez, por más de G. 153 millones para la entrega de kits de implementos agrícolas (carretillas, azadas, palas, rastrillos, hachas, machetes) a 300 productores. Pero, sólo fueron favorecidos 260 agricultores, indica el dictamen de la comisión asesora.
Arrúa Brítez es compadre del exintendente de Quyquyhó y actual diputado electo Esteban Martín Samaniego (ANR).
En el dictamen se destaca que en el año 2017 la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) atacó de irregular las adjudicaciones directas por más de G. 500 millones para la adquisición de muebles, reparación de máquinas agrícolas y vehículos municipales.
Para reparación y mantenimiento de maquinaria contrató por G. 300 millones al Taller Auto Respuesto “Lago Ypoá” representado por Carlos Alberto Méndez Valdez. Para provisión de sillas y mesas con pupitres pagó G. 240 millones a la empresa JME Systems, de José María Enciso Vega.
“Perseguida”
La intendenta Alba Acevedo dijo que la denuncia forma parte de una “persecución política” y que ella está tranquila porque las obras fueron hechas. También indicó que en momento contestó las observaciones de la DNCP.
Añadió que no puso a consideración de la Junta Municipal las adjudicaciones directas porque los ediles no están de acuerdo con el desarrollo de la ciudad y que “por hacerme la contra nunca aprueban un proyecto”.