LAURELES, ÑEEMBUCÚ (Clide Noemí Martínez, corresponsal). La jueza interina del Juzgado Penal de Garantías Nº 1, Simeona Solís, dictaminó el arresto domiciliario del intendente Roberto Chávez Pasotti. La magistrada le prohibió acercarse a la sede de la Municipalidad de Laureles y que salga del país, además le fijó una fianza de G. 100 millones.
Días atrás, el fiscal de Laureles David Cabral ordenó la detención de Chávez Pasotti, quien se encontraba con paradero desconocido hasta el momento de su entrega en el Palacio de Justicia de Pilar.
A raíz de la ausencia del intendente, los concejales de Laureles designaron al presidente de la Junta Municipal, Idilio Céspedes (ANR), como encargado de despacho de la Intendencia y ordenador de gastos de la institución. Ocupará dichos cargos mientras dure el proceso judicial contra Chávez Pasotti.
Según los ediles, el intendente ignoraba al cuerpo legislativo comunal, no presentaba rendición de cuentas ni respondía a ninguna nota de los concejales. Denunciaron que no existen referencias del destino de aproximadamente G. 3.000 millones correspondientes a royalties, compensaciones e ingresos corrientes del municipio, además de G. 1.500 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
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Los concejales denunciaron una serie de irregularidades más, como la falsificación de documentos, contratos con empresas inexistentes y obras sobrefacturadas. Los concejales también esperan que en los próximos días la Contraloría General de la República (CGR) presente el informe de la auditoría realizada meses atrás a la administración municipal.
El fiscal David Cabral fue recusado por los abogados que representan a Roberto Chávez Pasotti. En su reemplazo interina en el caso la fiscala Ana Luz Franco.
El intendente, Chávez Pasotti, aseguró que todo se debe a una “persecución política”.