MARISCAL LÓPEZ, Dpto. de Caaguazú (Marti Bogado Villalba, corresponsal). Un cóctel compuesto por influencias de grupos económicos con el respaldo de políticos, jueces, fiscales y jefes de policías, convirtieron el caso del asentamiento Laterza Cue en un problema difícil de resolver. Para evitar poner punto final a los conflictos, autoridades de los sucesivos gobiernos se escudaron en que el caso está en manos de la justicia.
La historia de Laterza Cue comenzó a finales de la década de 1960. Instigado por el griego Euthymios Ioannidis, un grupo de paraguayos y brasileños invadieron las tierras de Mario Laterza, de unas 3.000 hectáreas.
Tras la caída de la dictadura, 30 años después de la invasión, los ocupantes obtuvieron la expropiación, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la ley.
Entonces, nuevamente a instancia del griego, el grupo recurrió a la figura de usucapión. La resolución judicial favorable fue emitida a nombre del colono Joâo Dias Filho, quien representó a sus “compañeros de lucha”. Sin embargo, una vez obtenido el título, Dias Filho traicionó a los otros campesinos y vendió el título, con sus compañeros adentro, a la empresa Arcadia SA, de Ioannidis, que a su vez transfirió a Santa Basílica, también vinculada al griego.
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Actualmente, el título de propiedad es de dominio de la Bioenergy, formada sobre las empresas del griego, quien se encuentra prófugo por la presunta autoría moral del asesinato del intendente de esta ciudad Rubén Acosta (ANR), ocurrido en el 2002, por defender los derechos de campesinos paraguayos.
Nuevas invasiones
En el 2004, un grupo encabezado por el polémico dirigente campesino Teófilo Aguilar comenzó una nueva invasión. Los nuevos pobladores expulsaron a los colonos de origen brasileño, descendientes de los primeros ocupantes, con el argumento de que la tierra debía ser para los paraguayos.
Otro grupo perteneciente al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) ingresó después del grupo de Aguilar.
En abril de este año, la firma comenzó a comprar las derecheras con el apoyo de Teófilo Aguilar. El grupo del MCP se opuso a esta maniobra.
APER
Con una orden judicial que prohíbe el ingreso al asentamiento de quienes vendieron sus derecheras, Bioenergy consiguió la presencia de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural (APER) de la Policía Nacional en el inmueble. Ahora, los efectivos policiales hostigan a los campesinos que no vendieron sus derecheras, según denunciaron dirigentes del MCP.
El jefe de la APER, William Duarte, manifestó que solo se limitan a cumplir la orden judicial.
Otro asentamiento que desde hace años espera ser regularizado es San Carlos con más de 20 años de conflictos por la posesión de parcelas. También Santa Ana y Jakare Kái.
Compra frustrada
En junio de este año, el ex presidente interino del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Juan Carlos Ramírez Montalbetti, anunció que los herederos de Laterza tenían en orden el certificado de dominio expedido por la Dirección de Registro de la Propiedad y de Catastro. Sin embargo, 15 días después las dos reparticiones volvieron a emitir otro certificado sobre la misma finca a favor de Bioenergy, lo que frustró la intención del ente agrario de comprar el inmueble.