LUQUE (Arnaldo Espínola, corresponsal). Durante la manifestación ciudadana también lanzaron sus “dardos” contra la administradora Blanca Lila Vera Ruiz, envuelta en un sospechoso intento de estafa de G. 500 millones contra el Municipio, administrado por el intendente César Meza Bría (PLRA), quien está de permiso a raíz de una enfermedad.

Los pobladores alegan que las calles no están en condiciones para que la Comuna exija a los contribuyentes que sigan pagando por un servicio que finalmente es una estafa.

Consecuencia de ello es que más de 8.000 propietarios de vehículos migraron a municipios vecinos para la habilitación de sus respectivos vehículos, denunció Reinaldo Rodríguez, uno de los líderes de la iniciativa ciudadana.

Los jóvenes se autoconvocaron por las redes sociales y por el sistema de WhatsApp para el reclamo efectuado a las autoridades.

Rodríguez aclaró que la movilización no tiene ningún tinte político y adelantó que exigirán también rescisión de contrato con la empresa Ivesur.

En la sesión del martes 23 de junio pasado el concejal Carlos Echeverría (ANR) presentó una minuta solicitando la suspensión de la ITV, pero los ediles liberales no apoyaron la propuesta, que fue a parar en “estudios”.

En esa ocasión el edil Miguel Ángel Gill (PLRA) defendió con “uñas y dientes” la exigencia de la inspección como requisito fundamental para otorgar la habilitación de los rodados, y trató de “hipócritas y sinvergüenzas” a los contribuyentes.

Agregó que los propietarios de vehículos ponen como pretexto la situación de las calles para no pagar sus impuestos.

Los jóvenes exigieron al concejal que se retracte de sus dichos. Incluso prendieron fuego a un “Judas kái” en protesta contra Gill.