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Así, los ediles y el jefe comunal violan la Ley número 3.984 del 1 de octubre del año 2010 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en Razón de Territorio Inundado a los Gobiernos Departamentales y Municipales”.
La normativa establece que las administraciones municipales y gobernaciones deben destinar el 80% de los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de royalties a obras y el 20% a proyectos de desarrollo.
El intendente dijo que la Ley Orgánica Municipal le habilita a usar los recursos de royalties como un préstamo. Explicó que los G. 300 millones serán repuestos con los ingresos propios generados en el ejercicio fiscal 2019, así como ya lo hicieron en años anteriores.
De esa forma, las administración municipal recurre al popular “bicicleteo” con el dinero de la Comuna. Con esta “estrategia financiera” ponen en evidencia que no lograron ejecutar el presupuesto aprobado para el año, que inflan para que los concejales puedan aumentar la dieta que reciben por mes, así como el sueldo del intendente.
Por otro lado, la Junta Municipal aprobó por unanimidad el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 que es de G. 12.000 millones, aunque con algunas observaciones. Los ediles sugirieron al intendente Luciano Cañete resolver para el próximo año la crisis financiera que viene arrastrando.
El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto indica que el ejecutivo municipal debe realizar algunas gestiones para mejorar la recaudación, disminuir los gastos y reorganizar las funciones de los funcionarios. Solicita aplicar mecanismos para reducir la morosidad en el rubro de impuesto inmobiliario y judicializar tras la tercera notificación para el pago.
Asimismo, aconseja verificar y cobrar patentes a comercios, industrias, profesiones y oficios. Además, aplicar multas leves y graves por las transgresiones de reglas de tránsito, cobrar impuesto a la publicidad y a la construcción y por la explotación de tragamonedas.
La Comisión de Hacienda recomienda una “reingeniería” de la labor de los funcionarios para que se encarguen de mejorar la recaudación realizando la verificación y cobro. Para disminuir los gastos piden prescindir de las asesorías externas contratadas por la vía de excepción.
Reclama analizar los contratos que vencen este fin de año, observando la producción de cada uno para renovar el convenio, y evitar nuevas contrataciones, así como analizar las transferencias a organizaciones civiles que se otorgan con fondos propios.
Además, pide nivelar los salarios de funcionarios, garantizar el estricto cumplimiento del manejo financiero de la institución. En el caso de los comisionados de otras instituciones públicas, solicitan que la Municipalidad les obligue a firmar un contrato en el que se establezcan las funciones a desempeñar.