El Ing. Hermes Aquino, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), regional Caaguazú, denunció que los policías y fiscales no actúan y exigen todo tipo de protocolos para intervenir. Manifestó que el colono Eusebio Grossler, de la colonia Casilla 2, recibió una llamada telefónica en la que le aseguraban que sería asesinado junto a toda su familia si continuaba las gestiones para expulsar a campesinos de su sector. La llamada se realizó desde el (0228) 633 740 y corresponde a la cabina pública 03 ubicada sobre Mariscal Estigarribia casi Mariscal López, de Capiatá.
En Zapattini Cue, una propiedad de 29 hectáreas, que pertenece a un poblador de apellido Esquivel, está invadida. Según Aquino, Esquivel hace 10 años pagó la totalidad de las cuotas de la propiedad, pero en el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) nunca le entregaron el título. Naturalmente, la Policía exige la presentación de dicho documento para poder actuar.
Diosnel Cardozo, poblador de Zapattini Cue, refirió que la mayoría de los afectados pagaron por sus lotes y tienen la cancelación. Agregó que en el Indert le dijeron que son “simples prestanombres” de grandes productores y que los pagos realizados por las fincas quedarán en concepto de arrendamiento, por lo que las tierras serán entregadas a los que pretenden invadirlas.
Cardozo aseguró que el Indert está totalmente politizado y se convirtió en un feudo del Tekojoja. Sostuvo que la actitud de los funcionarios del Indert se basa en el hecho de que tienen mecanizadas sus tierras, “lo que parece constituir un pecado capital” para los que están en el ente administrador.