La Municipalidad de Luque, durante la administración del entonces intendente César Meza Bría (PLRA), firmó un contrato con la firma Proyec para la provisión y puesta en marcha de la referida planta por G. 9.800 millones, pese a la desaprobación de Contrataciones Públicas, denunció el intendente actual, Carlos Echeverría (ANR).

La Comuna ya adelantó el año pasado un pago de G. 1.800 millones a Proyec SA, de los hermanos Rodrigo y Orlando Cazal.

La denuncia había sido promovida por los concejales opositores a la anterior administración: los ediles advirtieron de una posible sobrefacturación y una adjudicación dirigida para favorecer a la empresa Proyec SA, que presentó la oferta más cara.

Según los antecedentes, la sospechosa compra de la planta asfáltica se adjudicó en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Luque, en julio pasado. Pese a los cuestionamientos desde el inicio, la aprobación sucedió a tambor batiente con intervenciones de cinco concejales liberales y la “ayuda” de dos colorados.

Los exconcejales que votaron por la adjudicación son los liberales Manuel Morínigo (proyectista y candidato a intendente), Francisca Franco (presidenta de la Junta Municipal en su momento), Hugo Segovia, Miguel Ángel Gill y Mario Aguilera, y los colorados Javier Marecos (presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto) y Pedro González.

Por el rechazo votaron Carlos Echeverría (líder de la bancada colorada y actual intendente), también los actuales ediles Cristian Valdez, Rubén González y Eliseo Fernández Oviedo, además del exconcejal Francisco “Koki” Trigo (PQ).

Proyec SA había presentado la oferta más alta para la instalación y puesta en marcha de la fábrica móvil de asfalto. Propuso G. 9.800 millones contra G. 7.271 millones de la firma M&O SA, representada por Adolfo Mendoza Ortega, según los antecedentes.

Además, a principios de agosto pasado, la Municipalidad de Luque, administrada en aquella ocasión por Meza Bría, con llamativa celeridad otorgó la adjudicación a la referida empresa, a pesar de que entre ambas propuestas se observa una diferencia de más de G. 2.500 millones.

Pero lo que generó más dudas sobre la compra e instalación de la procesadora de asfalto es que Orlando Cazal, uno de los directivos de Proyec SA, había confesado ante la Junta que la máquina solo cuesta 650.000 euros (unos G. 3.887 millones) en la fábrica, ubicada en Brasil.

Ahora no se sabe cómo la Comuna recuperará los fondos ya entregados.