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Violencia electoral vuelve a Colombia

Este artículo tiene 7 años de antigüedad

BOGOTÁ (EFE). La sombra de la violencia electoral sobrevuela de nuevo Colombia tras el brutal asesinato conocido ayer de la candidata liberal Karina García Sierra y cinco personas más que la acompañaban en la localidad de Suárez, la que aspiraba a gobernar y en la que el conflicto armado está reviviendo con fuerza.

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La matanza rompió el ciclo electoral más pacífico de la historia reciente de Colombia ya que en 2018 el país vivió las dos vueltas de las elecciones presidenciales y los comicios legislativos sin incidencias.

García Sierra, de 32 años y que deja un hijo pequeño, fue asesinada junto a su madre y cuatro personas más de su equipo en una masacre que parecía anunciada, puesto que la política liberal había advertido en un vídeo publicado el pasado 28 de agosto que hoy parece premonitorio que había sido amenazada.

La localidad de Suárez y otras comunidades vecinas están azotadas desde hace meses por un recrudecimiento de violencia protagonizada por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas narcotraficantes y criminales.

A ellos se suma un grupo del Ejército Popular de Liberación (EPL), guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991 cuyo último reducto estaba en el también convulso Catatumbo (fronterizo con Venezuela) y que ha comenzado a tener presencia en el Cauca.

La Defensoría del Pueblo había publicado el pasado 15 de agosto una alerta en la que advierte que la localidad de Suárez hace parte de uno de los corredores naturales entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca y el océano Pacífico usado por grupos al margen de la ley.

El pacto de paz entre la otrora poderosa guerrilla comunista y la administración del expresidente Juan Manuel Santos produjo el desarme de unos 7.000 combatientes.

Pero, según inteligencia militar, las disidencias de las FARC, que hasta ahora no tienen una unidad de mando, cuentan con 2.300 hombres y mujeres y se dedican principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.

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