SÃO PAULO (EFE). El exmandatario y su hermano son acusados de un delito de “corrupción pasiva continuada”, según la denuncia, en la que también fueron incluidos el patriarca de Odebrecht, Emilio Odebrecht, y su hijo Marcelo Odebrecht, este último, condenado ya por otros asuntos de corrupción.
Para la Fiscalía, Frei Chico, sindicalista con carrera en el sector petrolero, recibió entre 2003 y 2015 unos US$ 275.000 en cuotas mensuales. Esos pagos formaban parte de un “paquete” de “ventajas indebidas” ofrecidas a Lula a cambio de favorecer al grupo Odebrecht en la obtención de contratos públicos, de acuerdo con la Fiscalía.
Según las autoridades, la relación entre ambos data de la década de los 90, cuando la empresa contrató a Frei Chico como consultor sindical para hacer las veces de un mediador entre Odebrecht y los trabajadores. En 2002, con la elección de Lula como presidente de Brasil, Odebrecht rescindió el contrato con Frei, aunque le siguió pagando cada mes con el objetivo “de mantener una relación favorable a los intereses de la compañía”.
La Fiscalía constató que esos pagos ilícitos comenzaron en 2003 y solo pararon a mediados de 2015, con la detención, en medio del escándalo destapado en la estatal Petrobras, de un exejecutivo de Odebrecht.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Frei Chico recibía personalmente pagos para que no hubiera riesgo de exponer a Lula, beneficiario indirecto”, sostienen los fiscales.
Los pagos “ocultos” de Odebrecht al hermano del exgobernante fuero para que la empresa obtuviera favores por parte del entonces Gobierno de Lula.
La Fiscalía destaca que Frei Chico dijo que continuó ofreciendo servicios de consultoría a Odebrecht una vez su hermano ascendió al poder, aunque no presentó ninguna prueba al respecto.
Lula fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de hallarlo culpable por recibir un apartamento en Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS. La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
Sobre Lula ya pesa otra condena de casi dos años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia.
