LIMA (AFP, EFE). Perú está sumido en un choque de poderes desde que Martín Vizcarra asumió el poder en 2018. Aunque carece de partido y bancada parlamentaria, a diferencia de su antecesor –Pedro Pablo Kuczynski– el mandatario Vizcarra se ha enfrentado con energía al Congreso.
Ganó gran popularidad al encabezar una cruzada anticorrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía vinculados al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
“He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias” anticipadas, dijo Vizcarra ayer al agudizarse al cerrarse las vías de entendimiento entre el Ejecutivo y Legislativo.
El Gobierno entregó el viernes pasado al Congreso un proyecto de reforma para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional con el fin de despolitizar la justicia peruana y evitar que siga reinando la impunidad en el país.
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El Gobierno de Vizcarra señaló que el sistema de elección aplicado por el Congreso no es transparente, como tampoco otorgaba garantías para la división plena de los poderes del Estado.
Pero el Congreso, controlado por la oposición fujimorista, decidió pasar por alto su petición e iniciar de inmediato el nombramiento de nuevos magistrados, todos afines a sus intereses políticos.
El Tribunal Constitucional está encargado de interpretar la Carta Magna y funciona como última instancia judicial en recursos de amparo.
Los legisladores opositores no deseaban elecciones anticipadas, pues arriesgarían su holgada mayoría en momentos en que, de acuerdo con los sondeos, sufren gran desprestigio.
Además, por una reforma de Vizcarra ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.
Interrogantes
Esta crisis de poderes ha sembrado interrogantes sobre el futuro de procesos claves en la lucha contra la corrupción. Entre ellos, el acuerdo de delación premiada con Odebrecht.
Si se llega a anular ese pacto, prácticamente se condenaría al fracaso todas las investigaciones del caso Lava Jato-Perú por sobornos y lavado de dinero que involucran legisladores y a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También a Alan García, que se suicidó en abril pasado.
El amparo constitucional
Una disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un “autogolpe” y asumió plenos poderes con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, en cambio, el presidente Martín Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso. Los comicios deben ser convocados en máximo cuatro meses. (AFP)