Los 13 años continuos en el ejecutivo boliviano se han caracterizado por la estabilidad económica, pero también por las acusaciones de corrupción y dilapidación de los recursos públicos.

La Constitución boliviana limita la reelección presidencial a dos mandatos.

No obstante, Morales ya se había presentado a un tercer periodo, con el beneplácito del Tribunal Constitucional, integrado por partidarios suyos, alegando que cuando se aprobó la nueva Constitución, se había “refundado” Bolivia, por lo que su primer mandato no debía contarse.

Luego, en 2016, el propio gobierno de Morales convocó a un referendo para habilitarlo a un tercer mandato, pero el pueblo le dijo que “No”.

Ante esta derrota electoral, volvió a recurrir al Tribunal Constitucional, siempre integrado por partidarios suyos, el cual dictaminó que limitar la elección presidencial, era una “violación a los derechos humanos” de Evo.

Este hecho, sumado a otros actos de acoso a la oposición, han caracterizado la vida política boliviana bajo la presidencia de Morales. AFP