El líder chavista Nicolás Maduro activó las FAES el 14 de julio de 2017, en plenas protestas, para “proteger al pueblo del crimen y bandas terroristas”, como llama a los grupos de oposición.
Pero los crímenes de las FAES abundan: asesinatos, allanamientos ilegales en suburbios pobres, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes, según el informe de la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta socialista de Chile, Bachelet; así como de grupos defensores de derechos humanos, víctimas y documentos revisados por la agencia de noticias AFP.
Bachelet considera que las FAES son un “instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”, según dijo en julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Venezuela, increíblemente, semanas atrás obtuvo una banca.
“Como (el régimen chavista) sabe que ha perdido popularidad en los barrios, para amedrentar manda a estos asesinos”, afirma Carmen Arroyo, cuyo único hijo, Cristian Charris, fue baleado el 24 de septiembre de 2018.
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Pero Maduro, respaldado por la Fuerza Armada, no se inmuta. “¡Todo el apoyo para el FAES! ¡Que viva el FAES!”, arengó tras acusar a Bachelet de “mentir”.
La AFP pidió al ministerio de Interior –del que dependen las FAES– un comentario sobre las denuncias de Bachelet, y no obtuvo respuesta.
Las operaciones de las FAES –cuyo jefe Rafael Bastardo fue sancionado por Estados Unidos– se caracterizan por su “letalidad”, asegura la ONG Provea.
Se ignora cuántos efectivos tienen, aunque Maduro anunció que en 2017 llegarían a 1.000.
De uniforme negro con una calavera bordada, encapuchados y con armas largas, toman barrios y retienen a la gente en sus casas, además de exhibir –según Cofavic– personas baleadas “para que sea ejemplarizante”.
Al borde de la tumba, Ruth Pérez llora desconsolada a su sobrino Johander, “ejecutado” el 1 de noviembre de 2019 en una incursión de presuntos agentes de las FAES.
Fue sepultado al lado de su cuñado Wuilkerman Ruiz, fallecido en el mismo operativo en un edificio invadido en la favela caraqueña de Petare. Tenían 21 años.
Vecinos dijeron a la AFP haber visto a Johander arrodillado y con los ojos vendados. Luego, confinados en sus viviendas, escucharon balazos y al salir, encontraron el cadáver.
Según esas versiones, los policías lo acusaron de ladrón, lavaron el charco de sangre y movieron el cuerpo. En otro lugar caía Wuilkerman en similares circunstancias.
La AFP consultó si hay procesados de las FAES, pero no hubo respuesta.