LA PAZ (EFE). El comité estudiará casos de “perseguidos y exiliados políticos de manera injusta en estos catorce años de dictadura del Gobierno de Morales, que puedan retornar al país para asumir su defensa”, dijo la presidenta interina, Jeanine Áñez.
“No es un acto de venganza, es un acto de responsabilidad”, aseguró la presidenta interina, tras recibir la resolución que crea esa instancia de manos del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en el palacio de Gobierno en La Paz.
El Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos atenderá los casos “con inmediatez y celeridad”, afirmó Áñez.
No obstante, no incorporará “delitos comunes, delitos de lesa humanidad y tampoco narcotráfico”, precisó.
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A su turno, Coimbra, en rueda de prensa, precisó que quienes salieron de Bolivia “debido a motivos políticos, ideológicos y una persecución judicial” suman alrededor de 1.300 en los casi catorce años de Gobierno de Morales.
El ministro de Justicia manifestó que los afectados podrán retornar a Bolivia sin necesidad de que se los aprehenda, para que se acerquen a instancias judiciales y después al Comité.
Algunos de los casos más conocidos son los del el exgobernador de la región boliviana de Tarija Mario Cossío, que se encuentra desde hace años exiliado en el Paraguay; o el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic, que lleva años exiliado en el Brasil.
Cossío fue condenado a seis años de cárcel por supuestos delitos de corrupción, tras un proceso emprendido por el Gobierno de Morales, mientras que sobre Marinkovic pesaron demandas por “terrorismo”.
La justicia en Bolivia estaba en manos de jueces funcionales al Gobierno, y fueron ampliamente utilizados para favoreces a las intenciones oficialistas.
En este aspecto, las determinaciones políticas más emblemáticas de los tribunales evistas fueron las vinculadas a sus reelecciones reiteradas, prohibidas por la Constitución.
A pesar de dicha imposibilidad y la negativa de un referendo popular, los jueces evistas permitieron siempre las candidaturas de Morales para perpetuarse en el poder, la última saldada con el fraude electoral del 20 de octubre, tras el cual tuvo que renunciar.