“Analizaremos el material presentado”, dijo una fuente de la Fiscalía, que explicó que “tan pronto como se llegue a una decisión” sobre el siguiente paso apropiado, “se informará al remitente”.
El actual Gobierno de Bolivia, liderado por la presidenta interina Jeanine Áñez, dio a conocer a finales de noviembre que enviaría una denuncia a la CPI contra Morales.
La CPI es el órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La acusación se basa en un audio grabado supuestamente durante la violencia postelectoral que sacudió Bolivia, tras los comicios del pasado 20 de octubre, en el que se escucharía a Evo incitar a la violencia e intensificar bloqueos en varias ciudades.
La violencia comenzó en Bolivia el día después de los comicios del pasado 20 de octubre, en los que Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo entre denuncias de fraude a su favor.
Un informe de la OEA de noviembre advirtió de graves irregularidades en las elecciones. Tras esto Morales renunció, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo y luego salir hacia México como asilado.
El país quedó sumido en el caos, con un vacío de poder hasta que dos días después la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia de forma transitoria hasta unos nuevos comicios.