La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual de ser el origen de la grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
“Se abre una página muy importante en la historia de nuestro país”, indicó el presidente del Senado, el opositor Jaime Quintana.
Los senadores dieron luz verde al proyecto de ley que reforma el capítulo XV de la actual Constitución, que fue aprobada en 1980 y no permite llamar a plebiscito para estos fines.
La reforma es resultado del histórico acuerdo alcanzado el pasado 15 de noviembre entre el oficialismo y la oposición (a excepción de los comunistas) para tratar de solucionar la grave crisis que vive el país desde hace dos meses bajo el gobierno de Sebastián Piñera.
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El acuerdo parlamentario incluye la convocatoria de un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo prefiere para redactarla: una convención mixta, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una asamblea integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin. Si el plebiscito es aprobado, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020.