La oposición ha criticado el proyecto, entre otras cosas, porque considera que otorga superpoderes al Gobierno, e incluso grupos socialistas (afines al oficialismo) lo ha criticado porque, además de eso, considera que no da beneficios a los trabajadores.

Los comunistas no dudaron en afirmar que la ley otorga “superpoderes” al Presidente, y denunciaron que sus disposiciones afectan negativamente en especial a los jubilados.

Los diputados del opositor Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, han criticado con dureza la norma por lo mismo: una ampliación desmedida de los poderes del Ejecutivo.

“Facultar” es uno de los verbos que más aparece en el documento: se atribuye a los ministerios la capacidad de dictar normas complementarias a la ley principal.

Para evitar más discordia de la ya existente, el Gobierno aceptó eliminar uno de los artículos más polémicos del proyecto, el número 85, que en un principio facultaba al Ejecutivo a “efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.

El diputado opositor Luis Petri dijo que esto es “un cheque en blanco” al Gobierno.

La oposición, casi en bloque, también considera que la ley significa un ajuste que golpea en concreto a los jubilados.