Siguiendo una agenda de corte liberal, el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro se ha propuesto reducir a mínimos el tamaño del Estado y espera acabar su mandato el 1 de enero de 2023 con tan solo un centenar de activos públicos, de los 695 en los que tenía participación directa o indirecta a comienzos de 2019.
Según los datos de la secretaría de Privatizaciones y Desinversiones, Brasil se deshizo el año pasado de 71 activos, con los que recaudó 105.400 millones de reales (unos 25.707,3 millones de dólares) , un 25% más de los previsto inicialmente.
Para 2020 el Gobierno se ha impuesto una meta todavía más “ambiciosa” e intentará recaudar 36.000 millones de dólares, equivalentes al 1,7% del PIB, con la venta de activos, entre los que figuran un gran número de subsidiarias de la eléctrica estatal Eletrobras y la Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (Dataprev), entre otras.
El Gobierno ya ha descartado la privatización de las joyas de la corona del Estado brasileño –la petrolera estatal Petrobras y el Banco do Brasil– y ha pospuesto para 2021 la desestatización de los Correos debido a su elevada “complejidad”.
No obstante, una de sus prioridades será la venta de la eléctrica estatal Eletrobras, que tiene el control directo sobre unas 200 empresas y cuya privatización todavía depende de la aprobación del Congreso.
Pero el Gobierno federal no es el único interesado en subastar sus activos.
Diversos estados brasileños han iniciado un plan similar a nivel regional, entre ellos São Paulo, que a comienzos de enero realizó la mayor concesión de autopistas del país, con 1.273 Km que se distribuyen a lo largo de 62 municipios.
Brasil fue el cuarto país del mundo que más atrajo inversión extranjera en 2019, según la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).