La empresa señaló “estamos construyendo una nueva compañía, cuyo cimiento es asegurar que lo que pasó, jamás vuelva a suceder”.
Tres de los máximos directivos de Graña y Montero renunciaron a sus cargos en el 2017 debido a las imputaciones de que estuvieron al tanto de los sobornos pagados por su socia Odebrecht en los grandes proyectos de infraestructura en los que formaron un consorcio.
Los exfuncionarios están bajo investigación fiscal por presunta participación en los sobornos que Odebrecht entregó en Perú para hacerse de grandes obras de infraestructura durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), y por formar parte del “Club de la Construcción”, un grupo de empresas que se beneficiaban de licitaciones estatales mediante pago de coimas.
Además, Graña y Montero también ha resultado implicada en el proceso por lavado de activos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, actualmente bajo prisión preventiva.
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El exdirectivo José Graña declaró a la Fiscalía que entregó US$ 25.000 a la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) para que la transfiera, a su vez, a la campaña que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) promovió a favor de la candidatura de Fujimori en el 2011.