Esta ocupación militar de un órgano de Estado en El Salvador es un hecho inédito desde que en el país centroamericano se instaló la democracia tras varias décadas de dictadura militar y una guerra civil de 12 años.
El conflicto se desató por la negativa de los parlamentarios a aprobar un préstamo de US$ 109 millones que el Ejecutivo requiere para mantener un plan contra las violentas pandillas.
El presidente del Congreso, Mario Ponce, anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de la sesión extraordinaria convocada ayer solo para tratar el préstamo.
La decisión fue criticada con dureza por Bukele: “Los diputados están ofendidos (por lo ocurrido el domingo). Así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy. De nuevo mintieron”, aseguró.
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El diputado del opositor Frente Farabundo Martí, Jorge Shafick Handal, recalcó que hay aspectos del préstamo “que todavía se deben revisar”.
La oposición teme que US$ 25,9 millones del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una firma mexicana de dudosa reputación. Ésta habría pagado viajes en avión privado del viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna.
