Los dos partidos opositores más fuertes –Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ)– recibieron una estocada entre lunes y martes cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó nuevas directivas para estas formaciones, ahora lideradas por unos disidentes más cercanos al chavismo gobernante.
Además, numerosos dirigentes y los principales partidos opositores, además, están inhabilitados por fallos judiciales y una veintena de diputados están presos, exiliados o refugiados en sedes diplomáticas.
Venezuela debe celebrar este año elecciones parlamentarias, aún sin fecha.
El actual legislativo es el único poder en manos de la oposición desde que en diciembre de 2015 ganara los comicios por amplia mayoría al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En aquellas votaciones, la disidencia ganó 112 de 167 curules, quebrando 15 años de hegemonía chavista.
Ahora, Maduro pretende tomar control de la unicameral Asamblea Nacional, pero antes digitó junto con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, a los rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Designar esas autoridades corresponde, por ley, al Parlamento encabezado por Juan Guaidó.
El líder parlamentario Juan Guaidó y dirigentes de los principales partidos políticos opositores rechazaron las sentencias del TSJ que suspendieron a las directivas de dos de las principales fuerzas adversas a Maduro. “No es un tribunal, es el brazo jurídico de una dictadura”, dijo Guaidó.