“El Gobierno aprobó un nuevo ataque contra el Grupo Clarín”, tituló ayer el diario bonaerense Clarín, y denunció alegatos infundados por parte del ente oficialista para rechazar el plan de adecuación voluntaria.
El directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de Argentina decidió este miércoles que sea el Estado el que determine qué licencias deberá vender el grupo de medios, tras rechazar la propuesta voluntaria presentada por Clarín por encontrar, según señaló, vínculos societarios entre las partes en las que proponía dividirse.
“Mientras demora las propuestas de otras empresas, la Afsca resolvió sobre tablas la adecuación compulsiva del Grupo Clarín”, continuó el rotativo, que avanzó que recurrirán a la Justicia.
“Todos somos iguales ante la ley, por lo tanto no hay trato desigual, hay aplicación de la ley”, defendió el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.
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La Afsca había aprobado la partición, pero ayer rechazó los accionistas a los que se iban a transferir las licencias por entender que existen vínculos entre ellos.
En la edición de Clarín de ayer, el grupo califica la decisión de la Afsca de “brutal y política” y desmiente los supuestos vínculos.
El jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria, acusó a Clarín de pretender ejercer un “absolutismo monárquico” para que no se le aplique la ley y poder seguir enviando un “mensaje unidireccional” que viola la libertad de expresión.
El medio, crítico con el Gobierno, es blanco constante de los ataques verbales desde el oficialismo.