Fuentes de la CIDH consultadas por Efe informaron ayer de que el caso se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 28 de febrero, ante la “falta de respuesta” del Estado venezolano sobre el cumplimiento de las recomendaciones que la Comisión emitió al respecto en noviembre de 2012.
“La Comisión consideró que el motivo de la no renovación de la concesión (de la licencia) fue la opinión política del canal”, indicaron las mismas fuentes.
Esa situación “se vio reforzada por el tratamiento distinto que recibió RCTV en comparación con otro canal que se encontraba en situación igual en lo relativo a la concesión”, aseguraron.
“La CIDH sometió la diferencia de trato por razones políticas a un escrutinio estricto y concluyó que el Estado no logró justificar su actuación y, por lo tanto, también incurrió en una violación del derecho a la igualdad y no discriminación”, apuntaron.
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RCTV, de línea editorial crítica con el Gobierno, tuvo que dejar de emitir en abierto el 27 de mayo de 2007, después de que la Administración del presidente Hugo Chávez no le renovara el permiso con el argumento de que era una compañía “golpista”.