El pedido de la Afsca fue cursado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Cámara Federal Civil y Comercial, tribunal de segunda instancia que debe expedirse sobre la constitucionalidad o no de la ley de medios audiovisuales.
La Corte Suprema volvió el jueves a denegar un recurso extraordinario solicitado por el Gobierno argentino para expedirse sobre la constitucionalidad de la norma.
El Supremo rechazó el “per saltum” presentado por el Ejecutivo, un recurso que habilita al máximo tribunal a tomar para sí una causa judicial aun cuando no estén agotadas las instancias judiciales previas.
La Corte Suprema confirmó además la vigencia de una medida cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a solicitud del grupo Clarín.
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Esa medida cautelar mantiene frenada la aplicación de los artículos de la ley de medios audiovisuales que obligan a los grupos a desinvertir en caso de que estén excedidos en el número máximo de licencias de radio y TV permitido por la norma.
De acuerdo a lo dispuesto por la Corte, la medida cautelar estará vigente hasta tanto haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de la ley.
El pasado día 14, el juez de primera instancia que entiende en este caso, Horacio Alfonso, determinó que la ley de medios audiovisuales es “constitucional”, pero ese fallo fue apelado por Clarín ante la Cámara, que debe ahora pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia requirió el jueves a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal “que se expida dentro de la mayor brevedad posible respecto de las cuestiones debatidas en autos y que se encuentran sometidas a su conocimiento”.
“Le hará muy bien a la democracia que esto se resuelva cuanto antes, ya que algo no funciona bien si pasan más de tres años para que pueda aplicarse una ley de la democracia, votada por amplias mayorías en el Congreso y avalada con un sentencia de constitucionalidad de un juez federal”, dijo ayer Sabbatella.
La ley de medios audiovisuales fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.