LIMA (EFE). “Hemos hechos todos los esfuerzos para evitar esta declaratoria. Lamentablemente, la violencia y el empleo, al parecer, de cartuchos de dinamita, nos hacen ver la necesidad de proteger a la población”, dijo ayer a la prensa el presidente Ollanta Humala.
“Es para garantizar la paz”, añadió el mandatario al justificar la medida.
El régimen de excepción que regirá hasta el 23 de julio otorga plenos poderes a las fuerzas armadas y policiales para detener a cualquier persona sospechosa de actos violentos en las protestas contra el proyecto minero denominado Tía María, a cargo de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper (Grupo México), en la región de Arequipa.
“Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, señaló el decreto publicado en la gaceta oficial.
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“No es sencillo. Este es un remedio amargo, pero que permitirá curar nuestra democracia”, explicó a la prensa el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, había dicho el viernes al anunciar el estado de emergencia en Islay que el gobierno hará valer su cumplimiento para resguardar la seguridad.
El decreto subrayó, sin embargo, que será la policía quien mantenga el control del orden interno y que las fuerzas armadas darán apoyo para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
La declaratoria del estado de excepción se precipitó luego de que el viernes estallaran violentas protestas en Cocachacra, la localidad aledaña al proyecto, que le costaron la vida a un poblador durante un enfrentamiento entre manifestantes y la policía.
Los manifestantes intentaron tomar por asalto la comisaría de Cocachacra empleando cartuchos de dinamita en la protesta, que dejó además siete heridos.
La víctima mortal del viernes es la cuarta que se registra desde el inicio de las manifestaciones contra el proyecto minero el 23 de marzo.
Los manifestantes rechazan la construcción del proyecto minero alegando que afectaría a la agricultura y al medio ambiente en Islay.