BUENOS AIRES (AFP, EFE). Hoy está citada la expresidenta para comparecer también ante el juez federal Claudio Bonadio, que investiga los negocios inmobiliarios de los Kirchner, sospechados de esconder el cobro de sobornos en contratos de obra pública durante los doce años de gobierno kirchnerista (2003-2015).

Al igual que su madre, Florencia y Máximo Kirchner están acusados de presunto lavado de dinero y cohecho cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, que se dedicaba, según la Fiscalía, a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a empresarios a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias.

Militantes con banderas de la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora acompañaron a los hijos del matrimonio Kirchner en su primera comparecencia ante tribunales por esta causa.

Florencia, la menor de los Kirchner, de 26 años, es accionista de la sociedad familiar Los Sauces, que Bonadio investiga.

La semana pasada su madre solicitó al juez la exención de prisión para Florencia, ante rumores de que podían encarcelarla. El juez accedió al pedido.

Máximo, en cambio, no puede quedar bajo arresto porque goza de inmunidad como diputado nacional. El hijo mayor de la presidenta, de 40 años, es accionista y administrador de la empresa familiar.

Ambos presentaron sendos escritos como descargo en los que rechazaron toda acusación, no respondieron preguntas y se retiraron en forma separada de los tribunales en medio de un cerco policial sin hacer declaraciones.

La expresidenta denunció “una descomunal campaña de persecución mediático-judicial” contra ella y su familia.

“Todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de los argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas del actual gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial”, sostuvo en redes sociales.

Kirchner afronta numerosas causas en la justicia en las que se la acusa de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, sobornos y lavado de dinero.

El mes pasado la exmandataria canceló un viaje al exterior junto a su hija por considerar que no tiene “garantías constitucionales” para dejar el país en el marco de las causas judiciales en su contra.