Con lágrimas en los ojos Mickael Behn, quien dijo que su abuelo era el dueño de Havana Docks Corporation, en el puerto de La Habana, hasta que se la confiscaron en 1960, anunció a la prensa el inicio de las primeras acciones legales en cortes estadounidenses.

“Ellos (el régimen cubano) solo esperan que mi familia muera o se vaya desvaneciendo, pero no lo haremos y no lo hicimos”, manifestó.

En el mismo sentido se expresó el neurocirujano Javier García Bengoechea, quien señaló que es el propietario del puerto de Santiago de Cuba, que le fue expropiado a su familia por el gobierno comunista en 1960.

Ambos demandantes criticaron que Carnival ha estado “explotando” sus bienes expropiados, por años, “para obtener ganancias”.

Por su parte, Roberto Martínez, uno de los abogados que los representan, explicó que “después de la medianoche” presentaron las dos demandas, las primeras sobre el tema, gracias a la activación a partir de ayer por parte del Gobierno de Donald Trump del Título III de la ley Helms-Burton, de 1996.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estadis Unidos-Cuba, las autoridades estadounidenses han “certificado” 5.913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

Pero además hay otros muchos más reclamos “no certificados” que podrían demandar.

Los reclamos involucran compañías canadienses, japonesas chinas, rusas y españolas, como Meliá e Iberostar, que operan con corporaciones estatales del régimen cubano.