BUENOS AIRES (EFE). En la causa se investigan delitos de lavado de activos y encubrimiento por haber montado supuestamente entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

La audiencia comenzó en el Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires, en los juzgados federales de Retiro, y hasta allí fue trasladado Báez desde la cárcel de la localidad bonaerense de Ezeiza, en la que está en prisión preventiva desde abril de 2016.

El constructor escuchó a las autoridades judiciales junto a Martín, uno de sus cuatro hijos, todos imputados en el caso. El resto, Luciana, Leandro y Melina, aguardaban en filas posteriores.

Entre los procesados están también los financieros Leonardo Fariña –declarado imputado colaborador– y Federico Elaskar, el excontable de los Báez Daniel Pérez Gadin y su hijo Sebastián, y el abogado Jorge Chueco.

Se trata de uno de más relevantes expedientes en los que se investigan los negocios que Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) hicieron con empresarios de la obra pública, entre los que se encontraba Báez, colaborador del exmandatario desde que este era gobernador de la provincia de Santa Cruz (1991-2003).

La “ruta del dinero K” comenzó a investigarse en 2013, aunque el puntapié definitivo llegó en marzo de 2016 después de que un canal de televisión difundiera imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en una financiera.

Según la Justicia, el empresario –que de empleado bancario a inicios de la década de 1990 pasó a ser uno de los empresarios más poderosos del país de mano del kirchnerismo– fue el encargado de “brindar el entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.