BUENOS AIRES (EFE). El más alto tribunal del país por debajo de la Corte Suprema confirma así el punto de vista del juez federal encargado de la causa, Julián Ercolini, quien en base a las pruebas recopiladas por la Fiscalía ya había apuntado en noviembre pasado a la hipótesis del homicidio.
Cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en su apartamento de Buenos Aires, el fiscal denunció a la mandataria, su canciller y otros colaboradores al asegurar que la firma de un acuerdo entre Argentina e Irán en 2013 escondía un pacto para encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos ex altos cargos del país persa, para favorecer el intercambio comercial bilateral, algo que Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, siempre negó.
Para tratar de avanzar en si fue un suicidio o un homicidio, ya el pasado año el Ministerio Público encargó a una junta de peritos realizar una reconstrucción del momento de la muerte del fiscal, en la que se estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron en su casa a Nisman, que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos.
Por la denuncia de Nisman sobre el acuerdo con Irán, en diciembre de 2017 el juez federal Claudio Bonadio procesó a Kirchner y a su excanciller Héctor Timerman por “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado”.
Pero los fueros de la expresidenta, actual senadora, impiden hasta ahora su detención. Timerman está en libertad debido a su grave estado de salud por un cáncer.
Otras causas
La expresidenta y otros cercanos excolaboradores están procesados en otra causa paralela por la firma en 2012 de un memorandum con Irán que buscaba indagar en Teherán a los acusados iraníes.
El memorando nunca se aplicó porque no fue aprobado por el parlamento iraní.
La justicia argentina también la investiga en otra causa por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obras públicas y el aumento meteórico de su patrimonio. Además, está procesada por presunto perjuicio al Estado en operaciones cambiarias del Banco Central al final de su gobierno.