La orden fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, encabezado por María José Sarmiento, quien ayer hizo lugar a la acción de amparo iniciada por el diputado de Unión Cívica Radical Manuel Garrido, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
YPF deberá facilitar en el plazo de 10 días hábiles la documentación requerida en mayo pasado, cuando se inició la acción judicial.
Desde la oposición, se acusa a la petrolera argentina y al Gobierno de ocultar información clave a través de supuestas cláusulas secretas, que según ellos, podrían haber condicionado la reforma de normas clave, como la Ley de Hidrocarburos.
El Gobierno argentino desmintió en varias ocasiones la existencia de tales supuestos, pero reconoció que el acuerdo contiene “cláusulas de confidencialidad” ordinarias en este tipo de operaciones, ya que son empresas que cotizan en bolsa.
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Por su parte, YPF defendió que nunca se privilegió a Chevron y que en los acuerdos de explotación firmados con otras empresas solo se ha buscado el interés del país.
El acuerdo entre la petrolera argentina y la estadounidense fue firmado en 2013 para el desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales en el área Loma Campana (dentro de la gigantesca formación Vaca Muerta, en el suroeste argentino).
El convenio supuso una inversión de 1.240 millones de dólares en una primera etapa piloto y 1.600 millones para la segunda fase, que se puso en marcha el pasado abril.
El cronograma prevé un desembolso total de unos 16.000 millones de dólares para la explotación del 3% de la superficie del yacimiento.
La etapa piloto implicó una inversión de 1.240 millones de dólares.