Los detalles del esquema del PCC aparecen en un informe del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo.

El informe, divulgado por el diario O Estado de São Paulo, denunció a 175 personas del grupo y pidió a la Justicia pasar para el Régimen Disciplinario Diferenciado, una especie de aislamiento, a 32 integrantes de la cúpula del PCC, que están presos en la ciudad paulista de Presidente Venceslau.

Según la investigación judicial, el PCC pretendía el rescate de algunos prisioneros, atentar contra autoridades policiales e, incluso, participar de actividades políticas.

La actuación del grupo, que “domina” el 90% de las cárceles en São Paulo y fue responsabilizado por los ataques en mayo de 2006 contra policías y autobuses en todo el Estado, que dejaron casi 300 muertos, se extendió a 22 de los 27 estados brasileños e “instaló bases internacionales” en Bolivia y Paraguay.

En sus finanzas, el grupo recauda unos 120 millones de reales (US$ 54,8 millones) anuales, por sus negocios de tráfico de drogas, una lotería que funciona en las cárceles y contribuciones de “donadores”.