La querella, anunciada días atrás, fue formalizada ayer y se dirige también contra la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos, dijeron fuentes de la Fiscalía General del Estado.
El 9 de noviembre unos 2,3 millones de residentes en Cataluña, (región de 7,5 millones de habitantes), participaron en una votación sin carácter vinculante acerca de la eventual soberanía del territorio catalán y que el Gobierno español considera ilegal.
El Ejecutivo central impugnó ante el Tribunal Constitucional tanto la consulta legal que las autoridades catalanas querían promover el 9N como la posterior iniciativa, considerada ya un proceso de participación para expresar el deseo de poder votar legalmente sobre la soberanía.
Dado que 2,3 millones de personas depositaron votos en urnas el pasado día 9, la Fiscalía ha procedido contra Artur Mas y dos de sus colaboradoras en el Gabinete regional.
Reticencias
Estas tres personas y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de la querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana un día después del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por las reticencias de los fiscales de Cataluña.
La Fiscalía Superior de Cataluña se mostró contraria a la presentación de la querella por estimar que por el momento no procedía iniciar acciones penales contra los responsables del proceso del 9 de noviembre.