La Superintendencia del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que actúa en la esfera administrativa, recomendó la condena al concluir que empresas y funcionarios interfirieron en el resultado de al menos 27 proyectos relacionados con licitaciones públicas.

Entre las 16 compañías acusadas en el proceso se encuentran la francesa Alstom, la canadiense Bombardier, la española CAF, la surcoreana Hyundai-Rotem y la japonesa Mitsui & Co. El Cade comprobó la formación de cárteles para la construcción del metro en ciudades de los estados de São Paulo, Brasilia, Minas Gerais y Río Grande do Sul, donde los participantes se dividían las licitaciones y acordaban los valores de las propuestas presentadas en los concursos.

En caso de condena, las compañías podrían ser multadas hasta el 20% del valor de la facturación bruta, mientras que las personas físicas deberán pagar valores que van desde unos US$ 12.800 hasta los US$ 512 millones.