En pleno debate nacional sobre los métodos con que se aplica la pena de muerte tras algunas ejecuciones accidentadas en los últimos meses, Tennessee se convierte en el primer estado de EE.UU. en dar un paso que ya se había debatido en otros, como Virginia.

La nueva norma obliga a los presos en el corredor de la muerte a ser ejecutados en la silla eléctrica si las autoridades penitenciarias del estado no encuentran los medicamentos necesarios para la inyección letal, que se están agotando porque las farmacéuticas que los fabricaban han dejado de venderlos.

La escasez de los fármacos empleados en la inyección letal se remonta a 2011, cuando la empresa estadounidense Hospira, una de las que proporcionaba un componente clave, el pentotal sódico (que entonces era el anestésico utilizado por los 32 estados que aplicaban la pena capital), detuvo la producción.

Poco después, la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en un intento por acabar con la tortura y la pena de muerte, con lo que a las cárceles estadounidenses se les cerró la alternativa europea.

Así, los estados se han visto obligados a probar inyecciones letales que no se habían utilizado antes.