Uno de los principales puntos de objeción es el que limita la cantidad de abonados que pueden concentrar las empresas de televisión paga, a 35% del mercado a nivel nacional y 25% a nivel local.
Mercedes Ros, gerente de asuntos legales e institucionales de Direct TV, manifestó a radio El Espectador que el proyecto desalienta la competencia entre los servicios de comunicación audiovisual.
Algunas de las normas del proyecto, una iniciativa del gobierno de José Mujica y cuestionada por la oposición, serían violatorias del Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Estados Unidos, por lo que Direct TV analiza la posibilidad de presentar una demanda contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
En ese organismo está planteado también un juicio contra Uruguay por parte de la estadounidense Philip Morris, debido a las medidas antitabaco que se dispusieron durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
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De acuerdo al proyecto, de 180 artículos, al menos 60% de la programación emitida por los canales locales de televisión deberá ser de producción o coproducción nacional, al tiempo que las empresas de comunicación no podrán prestar servicios de telefonía.