Los magistrados Arsenio Coronel, María Celeste Jara y Rodrigo Escobar revocaron la Resolución N° 2616 del 19 de diciembre del 2018, mediante la cual la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda fija en poco más de G. 13 millones la jubilación del exmagistrado Alejandro Herrera.

El Tribunal de Cuentas ordena además el pago retroactivo de los haberes jubilatorios que le corresponden a partir del día siguiente de su renuncia.

El recurrente, de 69 años, sostuvo que por los 27 años y 10 meses de servicios prestados le corresponde que su jubilación sea equivalente a su último salario, específicamente G. 20.657.555.

Herrera invocó el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional (entre otras disposiciones legales), pues en el 2018 se han otorgado jubilaciones a magistrados con base en el art. 1 del Decreto Ley 23/54, pero en su caso se aplicó la Ley 2345/03, con la correspondiente merma en su ingreso.

“Se evidencia una discriminación entre iguales al aplicar a algunos magistrados el Decreto Ley 23/54 y a otros de una misma categoría una ley distinta, la Ley 2345/03, con la improcedente tasa de sustitución del Decreto N° 1579/04, lesivo a mis derechos”, argumentó el recurrente.

“Ninguna norma u acto administrativo puede contravenir derechos consagrados en la Constitución Nacional en virtud a la supremacía de esta. Si existe oposición, carecerá de validez, según lo determinado en el artículo 137 de la Constitución Nacional”, sostiene el fallo.