En septiembre del 2015 tras la serie de manifestaciones por hechos de corrupción en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) realizada por los estudiantes, el Ministerio Público imputó al exrector Froilán Peralta y a unos 40 funcionarios por usurpar cargos docentes. Posteriormente, en septiembre del 2016 los fiscales Martín Cabrera y Josefina Aghemo acusaron a Peralta por lesión de confianza. Por su parte María del Carmen Martínez, exdirectora de Talento Humano, conocida como la “comepapeles”, por destruir documentación de esta forma, fue procesada porque habría ingresado en horas de la noche al Rectorado para apoderarse de documentaciones sobre el caso investigado.
La serie de chicanas presentadas hicieron que finalmente en diciembre del año pasado la causa sea elevada a juicio oral y público. La decisión fue apelada y la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión, pero Peralta igual insistió en anular la elevación a juicio oral y planteó una excepción de inconstitucionalidad. Empero, para el próximo 11 de noviembre el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora, integrado por los jueces Javier Sapena Bibolini, Leticia Fracchi y Liz Ramírez fijó la fecha de inicio del juicio oral y público tras cuatro años de iniciado el caso.
El exrector supuestamente causó un perjuicio de G. 1.200 millones al realizar nombramientos con rubros de docentes a funcionarios que no contaban con los requisitos para el cargo.
La primavera estudiantil del 2015
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Todo se inició a mediados de setiembre del 2015, cuando los universitarios de diferentes facultades empezaron a manifestarse bajo el lema de “UNA no te calles”. Las denuncias sobre hechos de corrupción iban tomando fuerza con manifestaciones y cierres de rutas, hasta la toma de la Universidad Nacional de Asunción que duró tres semanas; exigían la renuncia del rector Froilán Peralta y los miembros del Consejo Directivo. Posteriormente, la Fiscalía imputó a Peralta y ordenó su detención, a raíz de ello tuvo que renunciar al cargo y presentarse ante el Ministerio Público. En noviembre del 2015, la Cámara de Apelaciones de Central ordenó su libertad tras estar casi un mes en Tacumbú.