Jueza hace lugar a un amparo y prohibe la huelga de guardiacárceles

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Rosarito Montanía, jueza penal de garantías.
Rosarito Montanía, jueza penal de garantías.Archivo, ABC Color

La jueza Rosarito Montanía hizo lugar al amparo promovido por la Procuraduría General de la República y prohibió anoche que se realice la huelga de guardiacárceles.

“El servicio penitenciario y puntualmente el brindado por el personal penitenciario, claramente puede ser considerado como imprescindible, puesto que la desatención a este tipo de responsabilidad del cuidado por parte del Estado podrá significar eventualmente situar en un grado de inseguridad con relación a la vida de la comunidad penitenciaria o de la propia ciudadanía y ello, conceptualizado como servicios públicos a cargo del Estado, significa que el mismo debe propender a satisfacer las necesidades públicas de la comunidad brindando las más amplias garantías para evitar hechos que puedan poner en peligro la vida de la ciudadanía”, dice el fallo.

La misma jueza había dispuesto la suspensión de la huelga como medida de urgencia mientras se sustanciaba el amparo.

Esa resolución fue apelada por los sindicalistas.

Y ayer a la mañana un Tribunal de Apelación dispuso modificar el punto uno –que es la suspensión dictada el 21 de octubre– a fin de “compatibilizar derechos constitucionales”. Específicamente, disponen “la prestación del servicio de seguridad imprescindible para garantizar la regularidad de la actividad penitenciaria”.

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Esta resolución firmada por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos fue interpretada por los sindicalistas como que nada puede impedirles el inicio de la huelga. Inclusive anunciaron que se iniciaría en los primeros minutos de mañana Pero esta posibilidad queda trunca con el fallo de primera instancia, por lo que a los sindicalistas solo les queda apelar y que la Cámara se pronuncie si es correcto el fallo de la jueza.

Reajuste, seguridad e infraestructura

Falta de seguridad, mejor infraestructura y reajuste salarial del 30% son los reclamos de los funcionarios. Ante el anuncio de una huelga de un mes, el procurador general de la República, Sergio Coscia, presentó un amparo contra el Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú (Sfasnt), Sindicato Nacional de Seguridad Penitenciaria del Paraguay (Sintrasepp), Sindicato de Trabajadores del Centro Educativo de Itauguá (Sintracei) y Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Paraguay (STPP).