La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dentro de sus atribuciones disciplinarias que le conceden las leyes y las acordadas reglamentarias, ante denuncias de mal desempeño de funciones de jueces y fiscales, puede abrir investigaciones a los magistrados a través de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional o a misma Superintendencia de Justicia del Poder Judicial.
Si en las auditorías se concluye que existen irregularidades en el desempeño de magistrados, la Corte puede remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La Corte no puede de por sí remover de sus funciones a jueces y fiscales, a pesar de encontrarse las irregularidades, sino solamente lo hace a instancia de petición del JEM. La Corte puede determinar que las suspensiones de funciones sean con o sin goce de salario.
Sin embargo, la Corte, como se ha visto en las sesiones plenarias que son transmitidas en vivo, tiene una importante herramienta, que es la confirmación o no de las funciones a los jueces y fiscales.
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Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es el órgano juzgador de jueces, fiscales y defensores públicos para los casos en los que se presuma la existencia de mal desempeño de funciones. El enjuiciamiento de los operadores de justicia, según el caso, se puede dar con o sin suspensión de funciones.
El JEM puede aplicar sanciones desde el apercibimiento a la remoción del cargo. Para los casos en que se ha abierto el enjuiciamiento, y no se comprobó la acusación, dictará la absolución. Si es que la denuncia no llenó las formalidades requeridas, se emitirá la desestimación de la denuncia, y si el enjuiciado o investigado renunció al cargo, se dictará la cancelación o archivamiento del caso.
Roces con la Corte
En varias ocasiones el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha mantenido conflictos con la Corte Suprema porque las suspensiones de funciones que dispuso el JEM no eran ejecutadas en tiempo por la máxima instancia judicial.
La Corte, según la práctica, es la encargada de hacer efectivas las suspensiones.
Varios delitos le atribuyen al concejal
- La semana pasada, tanto la Corte Suprema como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) han abierto investigaciones sobre varios casos delictivos que salpican al concejal departamental de Caazapá Benjamín Adaro Monzón, porque a criterio del órgano juzgador, en la zona operaría toda un rosca de protección fiscal-judicial para favorecerle.
- Adaro Monzón tiene procesos por secuestro del comerciante de Yuty Jorge Baeza, a quien obligó a firmar pagarés y supuestas transferencias de propiedades; también se le atribuye haber atentado en la Junta Departamental y contra la estación de una radio en julio de 2011, así como un atentado mortal del comerciante Carlos Jorge Delvalle, entre otros.