La designación del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia se debe al pedido que el juez de ejecución penal Juan B. Silva Ucedo había efectuado a la fiscala general, Sandra Quiñónez, para que nombre un agente fiscal para la tramitación del comiso, debido a que no lo hizo el tribunal de sentencia en el caso de los condenados por la “tragada” de un dinero que el Ministerio de Agricultura debía destinar a agricultores.

El juez Silva Ucedo había informado el 23 de diciembre de 2019 al Ministerio Público que los embargos sobre los bienes de los condenados por el desvío de fondos se encontraba aún a disposición de la justicia, pero que llamativamente no habían sido objeto de comiso por el tribunal de sentencia.

Justamente, este tribunal de sentencia integrado con los jueces María Luz Martínez, Elio Ovelar y Víctor Hugo Alfieri condenó al expresidente de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), Silvio Riveros Morínigo, el 22 de diciembre de 2017, a la pena privativa de libertad de 11 años de prisión por el desvío de más de G. 68.000 millones.

También habían sido condenados en el juicio oral Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, vicepresidente, tesorero y contador de la Fenaprofhp, respectivamente, a penas de entre 7 y 9 años de cárcel por la “tragada” de los fondos ministeriales.

Evadieron a la justicia

“Vamos a dejar constancia de que no elevamos los antecedentes de los exministros de Agricultura Enzo Cardozo (entonces senador) y Rody Godoy en razón de que está pendiente en la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad. Hubiésemos querido elevar los antecedentes de ambos”, refirió en su momento Ovelar con relación a este mismo caso.