El presunto abuso sexual en niños habría ocurrido en el año 2016. El investigado está con prisión preventiva desde septiembre de 2019 y la defensa pidió al juez el arresto domiciliario.

Para el efecto, el abogado César Caballero argumentó que no se puede hablar de peligro de obstrucción porque el trabajo fiscal finalizó en el 2016. Asimismo, afirmó que tampoco puede existe peligro de fuga, pues el procesado tiene arraigo.

Al solicitar las medidas alternativas a la prisión para el investigado, la defensa ofreció como fianza real un inmueble al juzgado penal de Garantías.

Sin embargo, la Fiscalía solicitó el rechazo del pedido, argumentando que la prisión preventiva es necesaria para garantizar que el imputado se someta al proceso.

Delmás atendió la postura del Ministerio Público, que al pedir la prisión preventiva del procesado había alegado la gravedad del hecho punible investigado, e indicó que al no haber elementos nuevos, no puede beneficiar al hombre con el arresto.

“De igual manera es importante resaltar el principio del interés superior del niño, considerando que supuesta víctima en esta causa se trata de una menor de edad, por lo que es importante para este juzgador desvirtuar el estado de peligro que pueda correr la supuesta víctima, recalcando que es deber fundamental de este magistrado velar por el estricto cumplimiento y respeto de los derechos y garantías constitucionales y procesales inherentes a todas las personas dentro de este proceso”, concluyó el juez Delmás, tras destacar que el peligro de fuga y obstrucción a la investigación siguen latentes.

El procesado seguirá preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.