La reunión realizada ayer en el Palacio de Justicia de Asunción fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez Rolón, y estuvieron presentes la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; la ministra de Justicia, Cecilia Pérez; la defensora general, Lorena Segovia; y el senador liberal Fernando Silva Facetti.
En conferencia de prensa, Pérez indicó que la principal causante del hacinamiento en las cárceles es la cifra de procesados que están con prisión preventiva. Al respecto, detalló que la Defensa Pública tiene poco más de 7.000 privados de libertad a su cargo, de los cuales más de cinco mil están sin condena.
La secretaria de Estado resaltó en este punto que la Defensa Pública se ofreció a trabajar junto al Ministerio de Justicia en el relevamiento de los datos de los internos que no tienen defensor público, a fin de saber si efectivamente son asistidos por un profesional del derecho y, en caso negativo, asignarle un funcionario.
En la próxima reunión, que será en 15 días, cada institución involucrada dará a conocer sus estadísticas concretas sobre las personas privadas de libertad, discriminadas por los hechos punibles que supuestamente cometieron y también por la región de donde provienen.
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Pérez dijo que el objetivo es trabajar sobre los delitos que mayor ingreso generan dentro del sistema penitenciario y ver los parámetros de la prisión preventiva. También permitirá verificar si aumentaron o no, en cada región, los hechos punibles considerados de gravedad o crímenes, según afirmó.
Intercambio de datos
La titular del Ministerio de Justicia admitió que uno de los principales problemas del actual sistema penitenciario es que la cartera a su cargo no tiene acceso al estado procesal real de las personas privadas de su libertad, ni el hecho punible por el que fueron imputadas por el Ministerio Público.
“Hemos conversado sobre la necesidad de intercambiar la información procesal de los internos y acordamos trabajar conjuntamente en la revisión de los procesos, a fin de verificar si persisten los requisitos para la prisión preventiva que están cumpliendo”, resaltó Pérez tras la primera reunión de la mesa interinstitucional.
Plan piloto de tobilleras electrónicas
La ministra Cecilia Pérez ratificó la necesidad de avanzar en la implementación de las tobilleras electrónicas en el sistema penitenciario, a fin de beneficiar con medidas alternativas a la prisión a los procesados que hayan cometido aquellos delitos que no son considerados crímenes.
Añadió que solo esperan la aprobación del Ministerio del Interior y la Policía Nacional para arrancar con el plan piloto sobre la aplicación de la tecnología.