“El que cobró la suma de G. 1.500.000 fue el actuario Pedro Meza, para hacer una verificación del domicilio, donde el procesado por tentativa de homicidio Juan Augusto Smitmans Núñez, iba a guardar reclusión domiciliaria”, explicó la letrada. Agregó que el secretario judicial aceptó el hecho y fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.

“El artículo 23 de la acordada número 516 establece que es responsabilidad del actuario estos asuntos referidos a constituciones y verificaciones. Es el encargado de cumplir y hacer cumplir la disposición de la Corte”, manifestó Parquet, cuyo cliente está siendo juzgado en un juicio oral y público.

El fiscal Martín Cabrera es el acusador.