/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/VPAVMAS5NJDHVLDMYIA6SEJNQU.jpg)
Cargando...
Igual medida afecta al funcionario Héctor Leguizamón López, quien es técnico administrativo III.
Ambos funcionarios fueron procesados tras conocerse un pedido de coima a un preso para darle una condena reducida, en un juicio que se tenía que llevar a cabo en el Tribunal de Sentencia N° 28. Marecos y Leguizamón fueron imputados por cohecho pasivo, tentativa de extorsión y tráfico de influencias.
Según los antecedentes, Leguizamón fue el que visitó al preso Ángel Omar Ruiz Díaz en la cárcel de Tacumbú y le pidió la suma de US$ 30.000, para arreglar un juicio que tenía pendiente por tráfico de drogas, de manera que el tribunal de sentencia le condene solo a 5 años de cárcel y no a 15, pena máxima prevista para ese delito.
Se nombró a Víctor Marecos, quien es actuario de la presidenta del tribunal Alba González como la persona que iba a intermediar para lograr el mínimo de la pena.
El juicio se llevó a cabo y la pena a Ruiz Díaz fue efectivamente de cinco años.
Sin embargo, el padre del preso denunció el hecho y con orden judicial se hicieron varias grabaciones en las que se ve a Leguizamón haciendo el acuerdo económico.
Tras el escándalo, se detuvo a Víctor Marecos, pero no así a Héctor Leguizamón, quien hasta ahora se mantiene prófugo de la justicia y con orden de captura.
Marecos en un principio tuvo prisión, pero tras dos revisiones el juez penal de Garantías Rolando Duarte le otorgó medidas alternativas y le dio arresto domiciliario bajo una fianza de G. 100.000.000 y también fianza de G. 30.000.000 de cada uno de los tres abogados del procesado.
La Corte inició un sumario a los dos funcionarios y ahora se resolvió suspender a ambos, sin goce de sueldo, hasta que se resuelva el caso por el cual están procesados.