José Dos Santos, agente de la Unidad de Delitos Económicos, y Óscar Valdez, fiscal de Amambay, pidieron al juez penal de garantías, Luis Alberto Benítez Noguera, que el caso sea elevado a juicio oral y público.
El político liberal Sánchez Peña está acusado por haber emitido tres cheques que totalizaron la suma de G. 706 millones, destinados a una comisión de combate contra el dengue, que no existía, de acuerdo al escrito del Ministerio Público.
El fiscal Dos Santos explicó que tras los actos investigativos fue confirmada la creación de la comisión “al solo efecto de la erogación del dinero”, ya que no existen constancias de que el monto fue utilizado para la lucha contra el dengue.
Fueron acusados en calidad de cómplices de la lesión de confianza, el ahora exsecretario de Hacienda, Nelson López; el exsecretario general, Gerardo Bóveda; la exsecretaria de Salud, Sofía Esperanza Fernández, y los exfuncionarios de la Gobernación Fermín López Castillo, José Franco y Adelaida Ramírez.
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Además, están procesados, también como cómplices, el empresario Javier Mongelós, propietario de la firma Consultora del Este –que supuestamente hizo fumigaciones y proveyó equipamiento para hospitales– y el Abog. Agustín Figueredo, representante de la comisión “fantasma”.
Otros procesos
El exgobernador Ricardo Sánchez Peña enfrenta otros seis procesos por lesión de confianza, en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. En uno de ellos, el 9 de febrero pasado, fue acusado por el fiscal Martín Cabrera por estafa y lesión de confianza, por un presunto desvío de 1.100 millones para la construcción de pozos artesianos.
En ese caso también está procesado como coautor el exjefe de Hacienda, Nelson López. Sin embargo, sigue prófugo el brasileño Antonio Antún de Lima.
De acuerdo a los antecedentes, la Gobernación de Amambay emitió cheques a nombre de una empresa (Confortec, de la ciudad de Luque) para la construcción de pozos para la provisión de agua en el departamento. Pero, esa misma empresa denunció que nunca recibió los cheques. El propietario de la referida firma, César Miranda, denunció que había prestado su factura al brasileño Antún de Lima.
Siete procesos abiertos
Tras estar varios meses prófugo, el exgobernador de Amambay, Ricardo Sánchez Peña, se presentó ante la justicia el 29 de noviembre del año pasado y fue decretada su prisión preventiva.
Durante su gestión de solo tres meses, el político acarreó siete imputaciones por despilfarro de dinero público y está acusado, de momento, por dos perjuicios patrimoniales.
Las causas tienen que ver con millonarias sumas de dinero que debían llegar a comisiones vecinales, que finalmente no recibieron los montos.
Las sumas van desde G. 25 millones hasta G. 1.100 millones. El perjuicio total que se le adjudica es de G. 1.984.050.500.