Advertir aplicación de medidas legales no puede ser amenaza, afirma abogado

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La advertencia de que un juez o ministro será denunciado si actúa al margen de la ley para favorecer a una de las partes, no puede ser considerada una amenaza, ni mucho menos una coacción al administrador de justicia como lo pretende la ministra de la Corte Gladys Bareiro de Módica. Así manifestó el abogado Óscar Ayala, quien representa a una letrada sumariada por denuncia de Bareiro.

Ayala es abogado defensor de la abogada Julia Cabello, quien fue sumariada por la Corte a raíz de un pedido de la ministra Bareiro, quien se sintió ofendida y amenazada por las expresiones de la citada profesional del derecho.

Cabello criticó una providencia mediante la cual la ministra Bareiro admitió una acción de inconstitucionalidad de las empresas Rosswel Company y Kansol SA, contra el artículo de la ley de expropiación que autorizó al Ministerio de Obras Públicas a realizar la tasación.

Para la abogada Cabello, la ministra actuó al margen de la ley, atendiendo que la Corte ya había rechazado una acción contra la referida ley de expropiación. Advirtió que si la magistrada no revocaba la providencia, sería denunciada ante el Congreso y se pediría su remoción del cargo.

La ministra en su denuncia consideró que se trató de una amenaza, con el propósito de que la justicia pueda fallar a favor de los intereses de Cabello.

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Sin embargo, Ayala, defensor de la letrada, explicó que la amenaza, como quiere hacer entender la ministra, no está prevista en el Código. Agregó que quizá la magistrada hizo alusión a la figura de la coacción.

“Pero la amenaza de aplicación de medidas legales cuya realización esté vinculada con la finalidad de la amenaza, está claramente excluida como coacción, según lo dispuesto en el artículo 120 del Código Penal”, dijo Ayala.

Atemorizar

Es decir, que si Cabello manifestó que iba a denunciar a Bareiro ante el Congreso, su declaración no puede ser considerada como amenaza, ya que su advertencia está prevista en la ley. El Parlamento es el órgano ante el cual se tiene que denunciar a los ministros de la Corte, ya que el juicio para removerlos del cargo se inicia en la Cámara de Diputados y luego de la acusación se vota en el Senado.

“Sostener que no se cuenta con este derecho sería atentar directamente contra la libertad de expresión, censurándose el derecho a la libertad de opinión y pretendiendo que ante situaciones de injusticia, una persona deba permanecer callada por el temor a ser sancionada en el ejercicio de su libertad”, manifestó el abogado.

El sumario a la abogada cabello está a cargo del superintendente de justicia, Rafael Monzón.

Cabello, en un escrito presentado ante Monzón, bajo patrocinio de Ayala, solicitó que se rechace la denuncia que presentó Bareiro. Aseguró que no violó la acordada como lo sostiene la magistrada del alto tribunal.

Ayala firmó que se quiere amedrentar a los abogados.

QUERELLA A PERIODISTA

Por otro lado, la ministra Gladys Bareiro presentó una querella contra el periodista Roberto Pérez, por haber emitido opiniones con respecto a ella en el programa que el comunicador tiene por radio Uno.

La acción promovida por la magistrada del alto tribunal está a cargo de la jueza Elsa García.

Bareiro también había solicitado un sumario al abogado Osvaldo Granada, para quien consiguió una sanción a través del Consejo de Superintendencia. Ahora, pretende lo mismo con la abogada Cabello, cuya defensa sostiene que las críticas a los fallos es libre, y que los profesionales del derecho no pueden ser sumariados por expresar su desacuerdo con los fallos judiciales.