Antidrogas piden rechazo de recusaciones en masa

Los fiscales antidrogas pidieron el rechazo de la insólita recusación en masa que planteó Ardonio Sánchez, hermano del diputado colorado suplente Carlos Rubén “Chicharõ” Sánchez Garcete, y del intendente de Capitán Bado, Denilso Sánchez Garcete (preso en Tacumbú). Es en un caso de lavado de dinero.

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Si bien el titular de la causa por lavado de dinero es Marcelo Pecci, la recusación de Ardonio –quien soporta un arresto domiciliario al igual que Carlos Rubén– se presentó contra todos los agentes de la Unidad Antidrogas, incluido el adjunto Marco Antonio Alcaraz.

Esto ocurre semanas después de que Pecci se opusiera a la libertad ambulatoria de Ardonio y Chicharõ, y que el juez Humberto Otazú rechazara la pretensión de la defensa.

Además de Pecci y Alcaraz, fueron recusados Isaac Ferreira, Carlos Alcaraz, Zully Figueredo, Elva Cáceres y Lorena Ledesma, quienes en su mayoría ni siquiera intervinieron en la causa penal abierta.

Los agentes pidieron el rechazo de la recusación de Ardonio Sánchez, que está patrocinada por el abogado Óscar H. Ortiz.

En el escrito, Pecci indica que “la recusación tiene el único efecto de generar dilaciones procesales”.

Agrega: “El incidentista no logra subsumir el hecho motivador de su pretensión, en alguna de las causales que taxativamente prevé el artículo 57 del ritual penal, que regula los motivos de separación de los agentes fiscales en las causas en las que intervienen.

“El encausado Ardonio Sánchez Garcete ensaya en esta ocasión una variedad de críticas procesales, algunas enfocadas inclusive a un análisis de tipicidad del ilícito penal de lavado de dinero. Resulta incontrovertible y plenamente reconocido que tales cuestiones deben ser debatidas y resueltas en los escenarios procesales habilitados para el efecto, por medio de los medios incidentales y/o recursivos pertinentes”, agrega.

Esto es con relación al actuar del fiscal titular de la causa, pero en lo que hace referencia a los demás, Ardonio indicó que por “presiones” solo “cumplen” instrucciones de la embajada de Estados Unidos, lo que fue rechazado por los agentes antidrogas.

En esta causa sigue preso Denilso Sánchez Garcete, intendente de Capitán Bado.

Según la Fiscalía, los hermanos Sánchez Garcete no podrían justificar unos G. 15.224 millones de su patrimonio. El monto se presume que proviene de actividades ilícitas del narcortráfico, aunque este hecho punible no está incluido.

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