Blanco no argumentó motivo de excusación. Solo manifestó lo dispuesto en el Art. 50, inc. 13 “otros motivos”, sin dar explicación.

Blanco, quien tiene juicio político pendiente, fue muy cuestionado por la Fiscalía Anticorrupción como por la querella adhesiva, quienes manejaban la información de que este ministro estaría maniobrando para favorecer a los sentenciados.

Actualmente, la sala penal está desintegrada ya que anteriormente se inhibieron los ministros Alicia Pucheta y Luis María Benítez Riera. Los abogados defensores recurrieron a argucias para apartar a Pucheta y a Benítez Riera, con la incorporación como abogados defensores a Luis Bertón Planás y Nicolás Gaona Irún, quienes fueron contratados por los condenados Víctor Bogado Núñez y Pabla Mieres de Scavenius, respectivamente.

Los ministros de la sala civil Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini y César Antonio Garay Zuccolillo, ambos también con juicio político pendiente, son quienes podrían integrar la sala penal. Anteriormente no aceptó integrar la sala penal el ministro José Torres Kirmser.

Tampoco aceptaron conformar la sala penal los miembros de la sala constitucional Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña.