Los camaristas Pedro Mayor Martínez, José Waldir Servín y Carlos Ortiz Barrios ratificaron la sentencia dictada el 27 de julio pasado, por el Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Víctor Alfieri y Elsa García.

En juicio, el colegiado constató que la ahora condenada montó una estructura con funcionarios fantasma para cobrar sueldos y, de esa forma, desviar los recursos del Estado en su beneficio. El perjuicio constatado por la maniobra es de G. 107 millones.

El fiscal Luis Piñánez había solicitado al tribunal la imposición de 6 años y medio de pena privativa de libertad por el concurso de hechos punibles de estafa y apropiación. Este último delito fue descartado por el tribunal, que condenó a Pérez únicamente por estafa. Asimismo, el colegiado resolvió mantener las medidas alternativas a la prisión que pesan contra la condenada, hasta que su sentencia quede firme.

El abogado Alfredo Delgado, defensor de Pérez, solicitó la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia, pues asegurar que no hubo daño al Estado sino a una particular (Juana Cabañas) con quien llegó a un acuerdo privado.

El 2 de noviembre de 2009, en un allanamiento realizado por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio a la oficina de la entonces fiscala Pérez Idoyaga en la Justicia Electoral, a partir de una denuncia de su peluquera Juana Cabañas.

“Juana Cabañas dijo que la acusada le había ofrecido trabajar en la Justicia Electoral, y ella obviamente aceptó, pero nunca fue llamada. Inclusive le llamaron de Itaú para hacer unos papeleos, pero nunca le avisaron. Luego le llamaron para cobrar”, explicó Piñánez. En el allanamiento, se incautaron 16 tarjetas de débito.

“La sentencia no contempla defecto alguno, es congruente con lo producido y demostrado en juicio, como también con lo expuesto en la acusación fiscal y los elementos considerados en el auto de apertura”, concluye Mayor Martínez, a cuyo voto se adhieren Servín y Ortiz Barrios.