Dijo que la renuncia del magistrado imposibilita que se realice una investigación profunda y necesaria en el ámbito de sus funciones, “pero no imposibilita que se siga el proceso penal que corresponde en el ámbito penal”.

La letrada explicó que el acoso sexual es un tipo penal que exige la instancia de la víctima. “Ojalá que la denunciante se anime, aunque ya declaró públicamente que no lo denunciará penalmente. Habría que investigar también la posible existencia de prevaricato, porque de lo publicado se puede ver que el juez le pide que ella diga cómo quiere que termine su caso. Nada impide que esto se investigue, porque es un tipo de acción penal pública”, agregó.

“Este caso nos muestra, además, una de las facetas más ruines de la justicia en Paraguay, que es una forma de violencia que sufren las mujeres de parte de los propios operadores de justicia, que son quienes debieran garantizar sus derechos. Es inadmisible que la administración de justicia esté al servicio de la violencia (en este caso sexual), contra las mujeres y que se utilice el propio aparato de justicia para conseguirlo, a través del aprovechamiento del poder que le otorgan sus funciones, a jueces y fiscales y otros operadores”, refirió Morages, quien abogó por el esclarecimiento del caso.