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Olinda Clavel Rojas, jefa del departamento de evidencias de la Senad, y Humberto Gusmán González prestaron ayer declaración testimonial ante el fiscal Aldo Cantero.
Entre otras cosas, los funcionarios explicaron que Báez era una funcionaria que por fax, teléfono y personalmente hacía el seguimiento, inclusive llegando a presionar, para que le sean entregadas cuanto antes las evidencias.
Indicaron que el procedimiento era normal, ya que la funcionaria llegaba con oficios firmados por el fiscal Marcelo Pecci e inclusive aguardaba la entrega de las pruebas en el despacho del propio ministro de la Senad, Francisco De Vargas, su exjefe en la Unidad Antidrogas del Ministerio Público.
De Vargas, de hecho, fue citado en carácter de testigo para la semana próxima.
El fiscal Cantero también ordenó la pericia de la firma del fiscal Pecci, que fue burdamente adulterada para retirar las evidencias del caso “Ricar Ávalos s/ tráfico de drogas”, entre las que se encontraban 1.040 euros, 50 reales, cámara digital, entre otros elementos.
La exfuncionaria, comisionada desde marzo a Migraciones, se alzó supuestamente con dinero en efectivo de otras seis causas, que sobrepasaron los G. 20 millones.
Báez Bogado está presa en el Buen Pastor e imputada por siete hechos punibles, entre ellos apropiación, hurto e infracción a la ley de tráfico de drogas.